Nos interesa destacar unos artículos publicados en Annals de Medicina, publicación de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, año 2004, volumen 87, nº 2, en el que se debaten diversos temas bioéticos y de conflictos de interés en la investigación médica. En primer lugar en la editorial el Dr. Xavier Bonfill, director de la revista, bajo el título “A la búsqueda de la independencia pérdida”, resume los tres puntos de vista implicados en esta cuestión.
En primer lugar la visión de la Acadèmia, el punto de vista profesional y social, y la opinión de la industria farmacéutica. Se hace referencia a un debate previo publicado en el volumen 87, nº 2 de abril/ mayo/ junio de 2004. En esa época ya se debatieron aspectos relacionados con los conflictos de interés aunque casi exclusivamente circunscritos al ámbito de la investigación a las publicaciones biomédicas. Se menciona la reciente autoregulación de Farmaindustria (www.farmaindustria.es), en cuanto a las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales médicos. Se aboga por defender un planteamiento estratégico y activo por parte de las administraciones públicas que lleve a término la formación de los profesionales sanitarios, la investigación y la divulgación de su resultados, la introducción de innovaciones tecnológicas, la promoción académica, y la compatibilización entre el trabajo en una institución pública con el asesoramiento o colaboración con empresas externas.
El Dr. Joan Monés, de la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, aporta su punto de vista en el artículo titulado “Conflicto de intereses en la investigación médica y en la medicina asistencial”. Aporta datos que confirman la gran relación entre la tarea investigadora y de las Instituciones académicas con la industria farmacéutica promotora de las investigaciones. Se valoran aspectos positivos como el soporte económico a la investigación de los profesionales o la posibilidad de intervenir en el desarrollo de nuevos fármacos, pero se destaca también el riesgo de perder la neutralidad en los diseños de los ensayos clínicos.
Se cuestiona la preeminencia de los ensayos clínicos cuyos promotores habituales suelen ser la industria farmacéutica y cuyos resultados tendrán mayor o menor difusión en función del interés del promotor. Se aboga por un código de conducta y una transparencia en todo lo que hace referencia a la investigación. Se cita al Dr. Jané, presidente del CEIC del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, que considera que “ya hay muchas leyes, códigos y declaraciones, lo que se tiene que hacer es cumplirlas”.
El Dr. Monés plantea la posibilidad de detectar posibles conflictos de interés en las propias guías de práctica clínica, así como en la revisión y crítica de libros y revistas médicas. Más tarde, se hace referencia a la relación de los médicos asistenciales con la industria farmacéutica. Es evidente que existe una relación a través de los visitadores médicos, la promoción y la financiación de actividades de formación, exhibiciones comerciales en congresos, invitación a participar ensayos clínicos, etc. Existe un objetivo legítimo de informar de sus productos sobre todo de los de nueva aparición y de estimular su prescripción, aunque es evidente que en algunos casos podrían producirse transgresiones éticas.
Por último, se hace referencia al comunicado “Ética en la relaciones de los médicos con industria farmacéutica”, publicado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, a finales del año 2000. En él se destacan aspectos prácticos como que el médico no puede recibir regalos de las compañías farmacéuticas (excepto si tienen un valor insignificante o simbólico), ni tampoco recibir remuneraciones relacionadas con la prescripción. El médico puede aceptar el pago de gastos por asistencia a congresos por un importe similar al que gastaría él mismo y sin contrapartidas de prescripción.
El soporte de la industria farmacéutica a las actividades congresuales, no debe influir en la elección de sus contenidos. Los médicos no han de aceptar participar en estudios promocionales que encubran estrategias para incrementar la venta de sus productos. Finalmente, se hace mención específica a los líderes de opinión que tienen la obligación de hacer públicos sus posibles conflictos de interés. Tienen derecho a reclamar honorarios por sus actividades de asesoramiento y de formación médica continuada, pero el cobro de estos servicios no les exime del máximo rigor científico.
Ricard Meneu, de la Fundación Instituto de Investigación en Servicios de la Salud (IISS) de Valencia, aporta su opinión en el artículo titulado “Entre la cultura de la sospecha y la implicación necesaria”. Define el concepto de intereses, de información y transparencia, y diferencia entre interés simple o compuesto. Según el autor, “más allá de la investigación o, más bien más cerca, existe la práctica clínica”. La gestión de los conflictos debería estar en manos de la transparencia, la regulación y el compromiso.
En último lugar Joaquín Camprubí del Departamento de Relaciones Institucionales MSD-España, de Madrid, aporta su punto de vista en el artículo “La declaración de conflicto de interés en las publicaciones médicas: de la detección de sesgos a la edición defensiva”. Manifiesta que muchos estudios demuestran una asociación estadísticamente significativa entre los estudios financiados por la industria farmacéutica y resultados favorables al fármaco experimental. La publicación de los conflictos de intereses, se basa en una autodeclaración que realizan los autores y se refiere no solo a cuestiones económicas que pudiesen afectar a la investigación en cuestión, si no que se extienden a otras relaciones con esta u otras compañías, a todo tipo de actividad económica y profesional, incluso a la propiedad de acciones en las empresas. Valora las causas de asociación entre financiación de la industria farmacéutica con resultados favorables al fármaco experimental.
Desglosa tres posibles situaciones: en el caso de que el resultado sea favorable al medicamento puede ser debido a una mejor eficiencia en la investigación farmacéutica, en el caso de que existan sesgos derivados de la utilización de parámetros inadecuados (hace referencia a los sistemas de registro de nuevos medicamentos y a la actividad de los comités éticos de investigación clínica), y en el caso de la no publicación de investigaciones que comportan resultados desfavorables para medicamentos experimentales, podrían no ser publicados y no ser de conocimiento general.
Manifiesta la evolución previsible y la evolución deseable de la investigación de nuevos medicamentos y de las relaciones económicas que puedan existir entre los investigadores, autores de publicaciones médicas y empresas farmacéuticas. Es posible que se adopten nuevas formas de colaboración desde alianzas estratégicas a largo plazo hasta contratos puntuales para desarrollar aspectos concretos. El posible fracaso de las políticas de edición defensiva puede reconducir los esfuerzos de todas las partes implicadas en la búsqueda de modos más eficaces de detectar y evitar los sesgos que afectan a la validez y credibilidad de lo que se está publicando.
Remitimos a nuestros lectores a los artículos originales. Manifestamos que este breve resumen intenta ser una llamada de atención que reflexiona muy brevemente sobre las opiniones de los diferentes autores mencionados. Por supuesto estamos abiertos a cualquier sugerencia o rectificación.